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Una encrucijada para la libertad

Las redes sociales han revolucionado la capacidad para conectarnos. Esta nueva revolución ofrece enormes oportunidades para la democracia, pero también está llena de desafíos. Por Ignacio de Hoces.

Ignacio de Hoces es responsable del Área Jurídica del Consejo Económico y Social.

Las redes sociales han revolucionado la capacidad para conectarnos. Esta nueva revolución ofrece enormes oportunidades para la democracia, pero también está llena de desafíos, uno de los cuales atiende a la responsabilidad de las plataformas respeto a los derechos fundamentales.

Las redes sociales son uno de los instrumentos más útiles que las personas físicas, jurídicas y los partidos políticos utilizan para expresarse o para informar a los ciudadanos. Se han convertido en una herramienta esencial en el debate democrático, razón ésta de enorme profundidad. Por ello, los poderes públicos, enfrascados en lograr que a través de las redes no se difundan mensajes notoriamente constitutivos de delito, también deben garantizar que, en ellas, como espacios privados pero de trascendencia pública, se garantice el debate democrático, libre, plural y abierto. Las ideas operan en la configuración del pluralismo y, por tanto, en la propia democracia.

La libertad de expresión, como el resto de los derechos fundamentales, no es un derecho ilimitado. Como ha apuntado en numerosas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, encuentra sus límites en los derechos de terceros y en conductas tipificadas en el Código Penal. En este contexto, da la impresión de que, bajo el paraguas de la erradicación del discurso de «odio» o de «incitación a la violencia», algo que, aunque importante, en numerosísimas ocasiones es subjetivo y requiere de la oportuna valoración judicial, se limitan algunos derechos fundamentales como el de libertad de expresión, o el derecho a comunicar, actuando las redes de una forma desigual con unos postulados frente a otros y excluyendo a personas del debate público. Dicho de otra manera, la aplicación de esas pautas puede hacerse valer para, por razones ideológicas, silenciar ideas contrarias a la ortodoxia de lo políticamente correcto.

Esta actitud atenta contra valores como el pluralismo político cuando se impide enviar mensajes o ideas, e incluso, por qué no, contra el derecho al honor, cuando el cierre o el bloqueo injustificado de una cuenta personal o institucional, o la eliminación de mensajes de forma desproporcionada sin fundamento jurídico oportuno, dañan la honorabilidad y el buen nombre del afectado.

Este debate, en cualquier caso, no es nuevo. En 1948, mientras se discutían los derechos a incorporar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los países comunistas pretendieron que se limitara en el ámbito internacional la libertad de expresión de las ideas que consideraban peligrosas o «fascistas», denominadas también de «odio», bajo la excusa de la protección de los derechos. «La libertad de prensa y la libertad de expresión no pueden servir de pretexto para difundir puntos de vista que envenenen la opinión pública», dijo Alexandre Bogomolov, como ha recordado el abogado inglés Paul Coleman. Finalmente, la victoria fue para los que abogaron por no limitar la difusión de ideas porque, como manifestó Eleonor Roosevelt, las críticas a las autoridades podrían calificarse como incitación al odio y, en consecuencia, prohibirse.

Hace unas semanas el Congreso subscribía la proposición de Unidas Podemos de instar al Gobierno a aprobar normas que faculten para eliminar en 24 horas los mensajes de odio en el espacio digital. Lo fundamentan en los precedentes alemán y francés, entre otros extremos, omitiendo al respecto dos datos jurídicamente relevantes: que el pasado mes de junio el Consejo Constitucional de Francia declaró la inconstitucionalidad de parte de la Ley, y que esa propuesta se asemeja, en parte, aunque atrevidamente, a la ley venezolana denominada, por ellos, «contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».

Si finalmente se aprueban normas de este tenor en España, sucederá lo que acaece allí donde se aplican. Las empresas de redes retirarán mensajes insignificantes ante la simple posibilidad o amenaza de sufrir cuantiosas sanciones económicas. Y proliferarán grupos que presionarán para silenciar las ideas que consideren ofensivas. No conviene olvidar que una forma de evitar el debate de las ideas y el cuestionamiento de planteamientos, consiste en descalificar la opinión ajena como si se tratase de un dañino discurso que contamina la opinión pública.

El peligro de vulnerar derechos fundamentales es enorme. Ilustrémoslo con dos sencillos ejemplos, de entre los múltiples que pueden darse: si las empresas que controlan estas redes, o el Gobierno, considerasen que el mensaje de un partido político que critica una política de inmigración es racista y que, por tanto, se debe eliminar, o si se razonase que el mensaje de un sacerdote que predica es intolerante, fanático o fomenta el odio, y que, por tanto, debe ser eliminado, el daño ocasionado a la democracia, la libertad y los derechos de todos será incalculable, pues estaría resurgiendo la eterna incitación de imponer dependencia a la doctrina oficial.

El incremento intolerable de expresiones notoriamente ilícitas en las redes no puede llevarnos a desmantelar la libertad de expresión al gusto de unos. Tampoco a cohibir a los ciudadanos ni a los partidos políticos a expresar con libertad lo que sencilla y naturalmente consideren, dentro de unos límites de responsabilidad que conocen muy bien. En caso contrario, podría suceder lo que se conoce como chilling effect o «efecto desaliento» en el legítimo ejercicio de la libertad.

Por ello, es necesario enfatizar que en un Estado de Derecho corresponde a los tribunales de justicia emitir las oportunas resoluciones sobre la licitud o ilicitud de una expresión. Y es que, en ocasiones, es notoria, flagrante e inequívoca la ilegalidad del mensaje, pero en otras, las más, no es así, pues existe un estrecho margen de interpretación en el que contextualizar es determinante.