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Modelos de negocio basados en el fraude

Modificación legal. Glovo tiene ahora un plazo de tres meses para acatar el nuevo ordenamiento o abandonar su actividad en España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta misma semana el real decreto-ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores con una novedad importante. Considera la nueva ley que los repartidores o «riders» serán considerados empleados de las plataformas digitales y no podrán ser considerados como trabajadores autónomos, algo que ya dictaba el sentido común pero que el ordenamiento jurídico no ha recogido hasta ahora.

Y es que muchas de estas plataformas, con modelos de negocio basados en el fraude, se han aprovechado de este vacío legal para no asumir los costes laborales de la Seguridad Social de miles de trabajadores que cada día recorren las calles de las principales ciudades repartiendo comida en su mayoría. Glovo es una de estas plataformas que se ha negado constantemente a incorporar a su plantilla a estos «emprendedores», que se desloman en bicicleta o moto cadía por hacer realidad su sueño de prosperar.

«Las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”, reza ahora el nuevo Estatuto.

Y es que los nuevos modelos de negocio digitales han traido este tipo de problemas, al basar su negocio en márgenes bajos. Todo el mundo entiende que si pides una cena por un valor medio de 20 euros, el coste del transporte no puede ser de 10 euros, eso está claro. Pero tampoco es razonable que el trabajador apensas se lleve unos pocos euros por la entrega. Tal vez las tarifas planas de las plataformas permitan dotar de unos ingresos fijos que conlleven mejoras en las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Esta norma fue acordada el pasado mes de marzo por el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT. Por su parte, Glovo, en respuesta a esta negociación decidió de manera unilateral abandonar la CEOE, tras enterarse de que la patronal había llevado a cabo esas conversaciones con la Administración y los sindicatos.

La empresa tiene ahora un plazo de tres meses para acatar el nuevo ordenamiento o abandonar su actividad en España.