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La presidenta del Congreso fue informada del error del sistema informático antes de la votación

El PSOE aprueba la reforma laboral cometiendo fraude. El PP y VOX llevarán la cuestión al Tribunal Constitucional.

La ministra estrella del Gobierno socialcomunista, Yolanda Díaz, había convertido la reforma laboral en el eje de la formación comunista a la que pertenece. Una gran victoria la conseguida para relanzar su imagen, como nueva cabeza de lista para las próximas elecciones generales. El PSOE respalda la medida en el Congreso, convirtiéndose en rehén de su socio de Gobierno, y respalda una votación fraudulenta consentida por la presidenta de la cámara baja, la catalana Meritxell Batet.

De todo este fraude cometido por la presidenta del Congreso de los Diputados ha dado cuenta en una rueda de prensa la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ayer mismo compareció en rueda de prensa para explicar lo que había sucedido con su diputado Alberto Casero, cuyo voto ha sido decisivo para conseguir la mayoría parlamentaria que ha dado luz verde a la reforma laboral del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según el PP, Alberto Casero había votado «no» pero un fallo informático lo ha recontado como un «sí». Por si esto fuera poco, dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompieron la disciplina de voto y se han negado a apoyar la reforma laboral de la izquierda. La aritmética parlamentaria impedía, por tanto, la aprobación.

Sin embargo, y ante la sorpresa del propio Partido Popular, la Mesa no había corregido el voto de Casero, pese a que el partido había avisado del error. El Partido Popular asegura que tras el fallo del sistema telemático han informado inmediatamente, pero la presidenta Mertixell Batet ha decidido no cambiar el voto. De hecho, el propio Casero se ha presentado en el Congreso para intentar subsanar el error, pero no se le ha permitido.

De esta forma, la presidenta del Congreso culminaba el fraude de ley arrebatando de esta forma la representación de uno de los 350 diputados de la cámara en beneficio de las tesis apoyadas por su propio partido (el PSOE), que ha aceptado a pies juntillas las tesis comunistas en el texto de la reforma.

Como novedad, desparecen los contratos por obra y servicio y los temporales selimitan a 90 días por año a un mismo trabajador. El resto, serán de carácter indefinido. Sin embargo, no se tocan las indemnizaciones por despido, bien sea éste declarado por los tribunales procedente o improcedente, que se mantienen en los 20 días o 33 días por año trabajado, respectivamente.