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La Ley de Vivienda paralizará la buena marcha del mercado por frenar la inversión, añade el intervencionismo y hará subir las rentas

Mientras, el PP anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional la nueva ley.

Las medidas anunciadas por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez para la futura Ley de Vivienda, en la que se decreta la reducción forzosa en el precio del alquiler para los grandes propietarios, además de la congelación generalizada de alquileres y un recargo brutal en el IBI de viviendas vacías, frenarán la buena marcha del mercado inmobiliario porque introducirán una grave distorsión que impedirá precisamente lo que pretende conseguir: el acceso más asequible a la vivienda, denuncia el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM).

El colegio explica que estas medidas provocarán una reducción de la oferta, con el consiguiente efecto de subida de precios, y freno a la inversión. Por este motivo reclaman una tramitación sosegada de la futura ley y no precipitada por el contexto político actual.

Es preciso abordar la nueva normativa con una perspectiva más amplia en la que exista el horizonte común de ofrecer seguridad jurídica en el mercado desde un enfoque económico y profesional, en favor de los consumidores, consensuada con todos los representantes y profesionales del sector inmobiliario.

En un momento en el que por la propia dinámica del mercado se está produciendo un descenso de los precios del alquiler, tendencia que se inició con motivo de la pandemia, evidencia que no es oportuno introducir una intervención pública de los precios. Pero es incluso más desacertado cuando ya se ha observado cómo en una región, Cataluña, en la que se está aplicando esta medida de regulación de rentas, lo que ha sucedido es que no consigue la bajada de los precios y provoca la salida de inmuebles del mercado. Con las medidas anunciadas, las rentas del alquiler subirán.

Por otra parte, hay que precisar que la propuesta de introducir incentivos fiscales para los propietarios para que reduzcan el alquiler no será realmente efectiva por el escaso rendimiento que se puede obtener en función de los tramos de renta, ya que la deducción fiscal no compensaría la pérdida sufrida con la bajada de la renta.
Además, aunque es cierto que impulsar el parque público de alquiler es un buen objetivo, no se conseguirá con la reserva de un 30% para vivienda protegida en las promociones de vivienda, ya que supone introducir otro obstáculo más para el funcionamiento del mercado, al frenar la inversión.

Si las medidas anunciadas se introducen finalmente en el texto de la futura Ley de Vivienda, la buena marcha del mercado inmobiliario observada en los últimos meses, que ha despegado a pesar del Covid19, se verá frenada por la introducción de este abanico de medidas claramente intervencionistas, ya que impactará también en el mercado de transacciones de vivienda.

Sería bueno no perder de vista la necesidad de abordar la futura norma contemplando al sector en su conjunto: la actividad de los profesionales, la agilización urbanística, la seguridad jurídica para los operadores y consumidores en las transacciones y proyectos, así como el verdadero impulso a la vivienda social a través de los fondos europeos, todo ello en un momento en el que el sector inmobiliario y el sector financiero se encuentran en buena sintonía.

Las medidas anunciadas rompen la unidad de mercado, creando la posibilidad de que existan distorsiones provocadas por la posibilidad de que puedan aplicarse en unas zonas geográficas y en otras no, como la subida fiscal en el IBI, o la propia intervención de los precios del alquiler, que podrá aplicarse en unas autonomías, pero en otras no.

Por su parte, Pablo Casado ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el texto de la nueva ley que pretenden impulsar los socialistas y comunistas de Unidas Podemos en el Gobierno. Lo ha anunciado en una entrevista concedida al programa matinal de Tele 5 de Ana Rosa.

El presidente del PP ha asegurado que esta ley plantea una situación de inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario porque se pondrán menos inmuebles en alquiler y subirán los precios. Además, contrapone las ayudas a los jóvenes para el alquiler de viviendas anunciadas por el Gobierno, que podrían situarse entre 600 y 800 millones de euros, frente a los 2.500 millones que el PP invirtió entre 2013 y 2016, a los que habría que sumar los 500 millones que se acordaron con la FEMP.