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Gibraltar, una puerta abierta a la pandemia y una brecha de seguridad en el espacio Schengen

Los países que componen el Acuerdo Schengen miran con preocupación lo que pasa en Gibraltar, que se ha convertido en una brecha para su seguridad.

El reciente acuerdo alcanzado para suprimir la frontera entre España y Gibraltar se ha visto rápidamente aplazado por el devenir de los acontecimientos. La colonia británica ha decidido autoconfinarse para tratar de poner freno al coronavirus, mientras que España ha puesto una restricción temporal al acceso (vea el BOE que da cuenta de esta restricción que se atribuye al Covid-19).

Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de España, la socialista Arancha González Laya, ha afirmado que la última palabra para el acceso de cualquier persona a España la tendrá a partir de ahora España, ya que es nuestro país quien sigue perteneciendo al espacio Schengen, y por supuesto a la Unión Europa.

Estas declaraciones han provocado, no obstante, gran incertidumbre en el resto de países que componen el Acuerdo de Schengen (Luxemburgo, 1985), además de en el Reino Unido, por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con países terceros). En la actualidad el total, los países que forman parte del espacio de Schengen son 26 (vea cuáles son aquí).

Precisamente, a partir del 1 de enero de 2021, Reino Unido al abandonar la Unión Europea tras el Brexit, es considerado ya como «tercer país» a estos efectos del Acuerdo.

Por su parte, Fabián Picardo, en su habitual tono chulesco respondía a la ministra con un tuir en el que afirmaba: “Bajo el acuerdo de Nochevieja, solo Gibraltar decidirá quién ingresa a Gibraltar y los oficiales españoles no ejercerán ningún control en Gibraltar en el aeropuerto o puerto ahora o dentro de cuatro años. Esta es nuestra tierra. No podría ser más claro».

Antes de la pandemia, un promedio de 28.500 personas cruzaban la frontera al día, incluidos unos 15.000 trabajadores transfronterizos.

El acuerdo ha sido enviado a Bruselas, donde la Comisión Europea entrará en negociaciones con Londres para convertirlo en un tratado. González Laya estimó que el proceso tardaría unos seis meses. Mientras tanto, dijo que España trabajará para garantizar que la movilidad en la frontera terrestre compartida, que hasta el viernes se había transformado técnicamente en una frontera exterior de la UE, sea «lo más fluida posible».