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El TSJA da la razón a los hosteleros aragonenes: podrán celebrarse banquetes con más de 50 personas

La gravedad de las medidas y el momento en el que han sido acordadas, aboca a la cuasi destrucción del sector.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a los hosteleros aragoneses en el pulso que mantienen con el Gobierno de la comunidad autónoma, empeñado en reducir la actividad de estos establecimientos por temor a la extensión del Covid-19.

“La razón es evidente. La gravedad de las medidas y el momento en el que han sido acordadas, aboca a la cuasi destrucción de un sector económico tan importante para la economía española como es el de hostelería/restauración”, asegura Cristina Llop, socia de Écija Abogados, despacho encargado de recurrir este tipo de medidas y defender a los afectados.
 
Este despacho de abogados mantiene otros procedimientos similares abiertos en diferentes comunidades autónomas en nombre de Hostelería de España, ya que en otras regiones españolas está pasando lo mismo, la criminalización de un sector por parte de las autoridades políticas.
 
En concreto, en Aragón se impugnó el viernes  la Orden SAN/841/2020, de 9 de septiembre, por la que se modificaba parcialmente la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptaron medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
En esa resolución autonómica se establecía que: “Las reuniones sociales no podrán superar el número de 50 personas, cuando tengan lugar en espacio o local cerrado, ni el de cien personas, cuando se produzcan al aire libre. Se entiende por reuniones sociales las referidas a encuentros o celebraciones en el ámbito privado o familiar, como encuentros de amigos, celebraciones familiares, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, funerales y otras de análoga naturaleza. No revestirán la condición de reuniones sociales aquellas otras reuniones que respondan a actividades de carácter institucional, profesional, económico, cultural, asociativo o de índole similar, promovidas por entidades de dicha naturaleza y reguladas de forma específica en esta orden.”
 
El TSJA considera que tal medida no está justificada en la Orden así como tampoco la discriminacion que establece respecto de otros sectores y actividades sobre los que no establece limitación alguna.

Este Auto no es recurrible si bien se ha dado un breve plazo al Gobierno de Aragon para que justifique las medidas y a su vista, ratificarlas o no. En todo caso, la suspensión ya es ejecutiva desde hoy.
 
De momento, desde Écija se han solicitado medidas cautelares e interpuesto recurso contencioso administrativo en 14 comunidades autónomas: Cantabria, Asturias, País Vasco, Murcia, Andalucía, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura.