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El Gobierno prohíbe el despido a las empresas que se acojan a los ERTE y lo extiende a los costes de la energía

La ministro de Unidas Podemos indicó que el Gobierno introduce “no una, sino dos prohibiciones”.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que las empresas tendrán prohibido despedir a trabajadores por razones relacionadas con el precio de la energía, al tiempo que tampoco podrán hacerlo aquellas compañías que se acojan a los ERTE contemplados en la reforma laboral. Una nueva locura del Gobierno socialcomunista: «prohibido despedir».

La ministro de Unidas Podemos indicó que el Gobierno introduce “no una, sino dos prohibiciones”. De esta forma, se mantiene el esquema de los ‘ERTE covid’ aprobados en la pandemia, que impedía a las empresas despedir si se acogían a estos instrumentos de apoyo y se introduce “una nueva” limitación, derivada de los costes de la energía.

Unos costes que están por las nubes debido a la inacción total del Gobierno Sánchez, que entre otras cosas mantiene el veto a la energía nuclear y al fracking, mientras sataniza el uso del carbón, el coche diesel o últimamente la carne, por su impacto medioambiental. El precio que debemos pagar no es solo la pérdida de nuestra sobernaía energética y la fuerte dependencia a los mercados exteriores, tensionados por la Guerra de Ucrania, sino que ya lo estamos pagando. Especialmente el aumento del precio de los combustibles, que mantiene a los transportistas autónomos en huelga.

“No tendría ningún sentido destinar recursos públicos pagando salarios y cotizaciones sociales si después permitimos despedir a esas empresas”, apuntó la vicepresidenta segunda, quien lanzó “un mensaje claro” a los empresarios. “En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir”.

La CEOE ya ha respondido a este polémico anuncio: no servirá de nada. Antonio Garamendi, presidente de CEOE aconsejó a la ministra aque monte ella una empresa.

Según destacó Díaz, existen todos los mecanismos de protección social “para que esto no se produzca”, al tiempo que pidió que, especialmente, los empleados no despidan a colectivos vulnerables en el mercado laboral, como es el caso de los jóvenes.

Díaz también expresó el “mandato” que tiene el Gobierno socialcomunista de “proteger” a quienes viven de alquiler y subrayó que en el real decreto con medidas de respuesta ante la guerra se incluye la limitación de revalorizar los arrendamientos en el 2%, de acuerdo con el Índice de Garantía de Competitividad.

No obstante, los propietarios que sean personas físicas y no empresas podrán acordar otro incremento con sus inquilinos, aunque de no alcanzarse, se aplicaría ese tope del 2%. Además, se ha aprobado en el Consejo de Ministros el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del bono social en un 15%. Medias todas ellas ntervencionaistas que lesionan la libertad de mercado y la libertad de los españoles a gestionar sus propias decisiones empresariales o financieras, mientras el Gobierno sigue derrochando recursos públicos.

Sin ir más lejos, Yolanda Díez se ha visto obligada a cancelar el último contrato de su ministerio en el que se encargaron 4.000 botellas de vino y los 200 kilos de langostinos, según denunció recientemente el diario El Debate. Al parecer, y según este medio, el departamento de Yolanda Díaz anula el concurso público que había convocado para su cafetería restaurante después de que El Debate publicara su suculenta y polémica lista de la compra.