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Comienza la cuenta atrás para el fin de la moratoria concursal, no sin antes novedades legislativas de última hora

Valvanera Campos Sáenz de Santa María es abogada en Écija Abogados.

A escasos cinco meses del fin de la moratoria concursal el Gobierno decidió presentar este verano el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, cuyo periodo de alegaciones terminó la última semana de agosto. Este Anteproyecto de Ley ha levantado duras críticas no solo por parte de los Administradores Concursales, duramente golpeados en esta nueva regulación, sino también por parte de autónomos y microempresas, al sentirse relegados en segundo plano por la falta de mecanismos suficientes que procuren la reactivación de sus negocios tras una crisis empresarial sin precedentes.

Apenas un año después de la entrada en vigor del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal nos encontramos con un nuevo texto normativo en materia concursal. Un texto que gran parte de profesionales ha criticado, de nuevo, como una pérdida de oportunidad para regular cuestiones concursales pendientes. Entre las más destacadas, la excesiva protección del crédito público, ya mantenida en el propio Texto Refundido.

En esta nueva regulación, se ha preferido optar por la creación de nuevos procedimientos, la eliminación de figuras habituales en el escenario concursal como la del Ministerio Fiscal en la sección de calificación, así como restar importancia al papel que se le venía otorgando a la administración concursal, entre otras novedades.

Si bien no era una sorpresa la necesidad de adaptación del Texto Refundido para incorporar la Directiva europea 2019/1023 de reestructuración e insolvencia, por parte de la doctrina se apunta a la inobservancia en este Anteproyecto de la propia esencia de la directiva europea que se pretende transponer.

Desde una perspectiva general, parece que la reforma busca la reducción de concursos de las grandes empresas, intentando salvar su insolvencia por la vía preconcursal. Pero, por otro lado, ante el evidente aumento en los concursos de empresarios individuales y de pequeñas y medianas empresas se regula un “procedimiento especial” encaminado a facilitar la negociación de un plan de continuación o liquidación, con o sin transmisión en bloque de la empresa concursada en funcionamiento.

Este procedimiento especial, está llamado a aplicarse, según datos del INE, al 90% de las empresas que forman parte del entramado empresarial español.

Para la tramitación de este procedimiento especial, se devuelve a los juzgados de lo mercantil el conocimiento del concurso de las personas físicas no empresarias y se quiere ofrecer facilidades como la supresión de presencia letrada ni de procurador tanto para la participación del deudor como el acreedores, así como la digitalización, de manera virtual y online, de todo el procedimiento. Sin embargo, el procedimiento no deja de ser complejo como para dejar al propio deudor o acreedor su actuación autónoma a la hora de liquidar sus propios activos de manera on line sin asesoramiento profesional.

Hasta tal punto el ejecutivo pretende agilizar estos procedimientos de insolvencia que, se extrae de manera clara, su deseo de relevar la importancia e independencia de la figura del administrador concursal, parte esencial en todo proceso concursal, dispensando su nombramiento por el juez y dejándolo a elección del propio deudor.

Si bien es evidente y anunciada la avalancha de concursos en los primeros meses del 2022, la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) entiende que la aprobación de este Anteproyecto supone “un gran riesgo para la seguridad jurídica de los acreedores, que quedan desamparados en el nuevo marco regulatorio y de todo el procedimiento”.

Además, advierten de que las insolvencias no han desaparecido pese a la moratoria y que tras este tiempo de descuento siguen multiplicándose. En relación con ello, el Banco de España ya advirtió que ‘’la moratoria concursal provocará mayor número de empresas zombies’’, produciéndose una falsa apariencia de normalidad en el tejido empresarial hasta el fin de esta moratoria. Por ello, cuando finalice, y si no hay cambios en el anteproyecto de Ley, la ASPAC prevé que los procedimientos concursales “desbordarán” los juzgados y la desaparición de la figura del administrador concursal supondría su “colapso definitivo”.

Ante este escenario concursal apocalíptico, consecuencia de una crisis pandémica sin precedentes, se ha estimado por la FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que el 40 % de las empresas españolas llevarán a cabo próximamente procesos de restructuración. Hasta ahora, únicamente el 4% de las empresas que se ven inmersas en un procedimiento concursal han sobrevivido al mismo. Este cambio de paradigma en la regulación debería buscar reactivar la supervivencia de las empresas en concurso con mecanismos más garantistas y eficaces, como la flexibilización en la exoneración del crédito público, en vez de suprimir la intervención de profesionales en la materia para optar por un proceso enfocado al “hazlo tú mismo” del propio deudor.

En plena incertidumbre sobre la aprobación de este Anteproyecto de Reforma que ha levantado sentimientos encontrados entre los profesionales en materia concursal, sólo queda estar pendiente de las posibles modificaciones tras las alegaciones presentadas y la necesidad de aprobación parlamentaria del Anteproyecto, para así llegar a conocer en estos meses cuáles serán las nuevas normas del juego concursal que comienza inexorablemente a partir del 31 de diciembre.