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Cáritas ayudó a 15.368 personas a encontrar trabajo el año pasado en España

La entidad eclesial alerta de distintos fenómenos que se están produciendo en el mercado laboral.

Cáritas alerta sobre las amenazas para el trabajo decente que suponen el aumento de la precariedad laboral de nuestro país, donde casi el 48,1% de los trabajadores que tienen jornada parcial no la desean y la inestabilidad laboral grave afecta a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo.

Cáritas, entidad vinculada a la Iglesia católica, ha publicado su último informe de situación en España y ha alertado de que en nuestro país se están produciendo una serie de fenómenos en el mercado laboral que conviene conocer. Son estos:

– El trabajo indefinido y a tiempo completo es hoy en día una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%), un amplio porcentaje de población que no se encuentra dentro de la norma social de empleo, es decir; que no trabaja las horas que le gustaría ni durante los periodos de tiempo que querría, viendo claramente vulnerado su derecho a un trabajo digno.

– El 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y casi la mitad de ellos, el 48,1%, sufren la parcialidad indeseada; es decir, se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo, con lo que eso significa en cuanto a merma de nivel de ingresos y el bienestar y comodidad asociadas a ellos.

– La temporalidad en las contrataciones y la corta duración estas es otra de las realidades que azota a nuestro mercado laboral. En agosto del presente año, y según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, casi cuatro de cada diez, el 37,8%, tuvieron una duración inferior a siete días.

– La inestabilidad laboral grave alcanza a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo. Esta realidad afecta al 16,4% de las familias.

– Destacan especialmente la situación de inestabilidad de aquellas personas que subsisten a base de empleos informales. Hablamos de 615.000 conciudadanos que, en la mayoría de los casos, sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables.

– Las familias en inestabilidad laboral grave sufren serias dificultades económicas, que se reflejan en no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52%) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42%). La realidad de ser trabajadores y ser pobres, a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, afecta a casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa.

– La fragilidad del espacio básico de seguridad, la vivienda, es otra consecuencia de este panorama: 3 de cada 10 familias en Inestabilidad Laboral Grave carecen de dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, suministros, etc.). Asimismo, 2 de cada 10 familias han recibido avisos de cortes de suministros por no disponer de dinero suficiente para pagarlos.

– La privación del trabajo decente afecta más a aquellos sectores y grupos humanos muy expuestos a la estacionalidad y a las coyunturas socio-económicas (hostelería, turismo, servicios auxiliares…). Al comparar la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país, el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos. Y si dentro de este sector ponemos el foco en el servicio de comidas y bebidas, y observamos la diferencia entre hombres y mujeres se compruebas que los salarios de los camareros son un 43% más bajos y los de las camareras un 50%.

– Con relación al trabajo en el ámbito doméstico, lo primero que destaca es que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras (sector altamente feminizado) realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.

– Las dificultades para acceder a un trabajo decente son especialmente significativas entre las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres cabe destacar la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.

– La población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente al ser personas a quienes el marco legal empuja a una situación administrativa irregular y se ven obligadas a cubrir puestos de trabajo en la economía informal. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.

– Los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a la mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral. Como Cáritas y FOESSA vienen alertando repetidamente, el trabajo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social: contar con un empleo, más aún si éste es precario, no protege ante situaciones de exclusión o pobreza, lo que se debe asumir y comprender desde los sistemas de protección pública para abordar ese problema.

– Este desajuste se muestra en el hecho de que sólo uno de cada cuatro (el 24,8%) hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.

“En resumen nos encontramos ante un mercado laboral y una concepción del trabajo que no es capaz de asegurar a un elevado porcentaje de población ocupada el derecho a un trabajo decente y que, como consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda y a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de protección del Estado de bienestar estén reaccionando con la flexibilidad y la adaptación que la realidad requiere», afirman desde Cáritas.